Nota de prensa: Las garantías sociales mínimas, a debate en el IISJ

El Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati despide el mes de junio con un nuevo workshop, dedicado en esta ocasión a especificar y ofrecer unas garantías sociales mínimas. El seminario titulado "Specifying and securing a social mínimum" contará con la coordinación de los profesores Michael Adler (University of Edinburgh), Jeff King (University College London) y Sara Stendahl (University of Gothenburg).

El objetivo de este seminario es reunir a un grupo de sociólogos y abogados comprometidos con garantizar que las personas pobres y vulnerables alcanzan unos estándares mínimos básicos de nutrición, seguridad social, alojamiento, ingresos y empleo. Para ello, 22 expertos procedentes de Alemania, Bélgica, Finlandia, Países Bajos, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia y Suiza se darán cita en la Antigua Universidad de Oñati. Como indican los organizadores del encuentro, no es frecuente que personas con experiencia práctica y miembros de la comunidad científica tengan la oportunidad de compartir su conocimiento y aprender los unos de los otros.

Durante los dos días que durarán las jornadas, plantearan dos cuestiones principales. Por un lado, pretenden especificar cuáles serían las garantías sociales mínimas que se deben proteger, el nivel de protección que deben recibir y cómo se pueden medir las circunstancias de las personas en relación a estos estándares. Por otro lado, pretenden determinar cómo se pueden garantizar los mínimos sociales, especificando qué instrumentos son los más adecuados para alcanzar los objetivos de desarrollo, las políticas nacionales, convenciones internacionales, o la combinación de ambas, que se deben desarrollar para conseguirlo.

La necesidad en los países subdesarrollados es evidente, ya que la malnutrición, el analfabetismo o una baja esperanza de vida están a la orden del día, y gran parte de la población carece de un hogar en el que vivir. La clave en estos casos es establecer qué combinación de políticas nacionales, acuerdos internacionales y objetivos de desarrollo, por un lado, y qué conjunto de derechos y protecciones constitucionales, por otro lado, son los que tienen más probabilidades de marcar una diferencia y garantizar unos mínimos sociales a toda la población.

Sin embargo, no se puede obviar la necesidad de ofrecer unas garantías sociales mínimas también en los países "ricos". Los niveles de desigualdad en los países desarrollados están creciendo, y cada vez hay más personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. En una época de grandes migraciones, existen países en los que los inmigrantes ilegales no tienen derecho a solicitar una protección social, y a los demandantes de asilo se les puede impedir trabajar y se les ofrecen beneficios sociales insuficientes e inadecuados. Además, tampoco se pueden obviar las políticas que se están implementando, en las que muchas personas ven condicionado su acceso a la seguridad social básica. Todas estas políticas han hecho que haya aumentado de forma significativa el número de personas que viven con ingresos muy bajos, que no cuentan con un techo para dormir, o que se ven obligadas a mendigar en la calle. También han proliferado los bancos de alimentos y las tiendas de ropa de segunda mano.

Esto apoya las tesis que abogan por limitar la capacidad de los gobiernos y legisladores de reducir los derechos sociales de las personas pobres y vulnerables, que están bajo su responsabilidad.