Después del parón de la Semana Santa, el Instituto Internacional de Sociología Jurídica retoma su actividad habitual con la celebración de un nuevo workshop. El jueves y viernes de esta semana, Alberto José Olalde, Profesor de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la UPV-EHU y Jacques Faget, director emérito de investigación, Centro Émile Durkheim, Université de Bordeaux, serán los encargados de dirigir el workshop titulado “La institucionalización de la mediación: potencialidades y riesgos”, que se desarrollará en francés y castellano. Este seminario cuenta con la subvención del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco.
Los métodos alternativos de resolución de conflictos continúan desarrollándose en Europa, confrontando la racionalidad jurídica dominante a través de modos más democráticos y horizontales. Debido a la popularidad de las alternativas a la justicia tradicional, se está produciendo un movimiento de institucionalización estas medidas. Entre todas ellas, la mediación es el método estrella. Así, desde las instituciones públicas se está fomentando la creación y financiación de centros de mediación como alternativa a los tribunales, la implementación de actividades de formación y la creación de instituciones profesionales de personas mediadoras.
Su evolución ha sido desigual a lo largo de la geografía europea, y se ha constatado la existencia de una brecha entre la abundancia de un discurso público sobre la mediación, la proliferación de la formación y la dificultad en el desarrollo de la práctica.
Durante dos días, 27 expertos procedentes de Bélgica, España, Francia, Portugal y Suiza se van a reunir en la antigua universidad de Oñati, para realizar un análisis comparativo de la situación en Europa, y estudiar los profundos contrastes existentes entre países. La forma de afrontar la mediación en cada jurisdicción se ve influenciada por las diferentes culturas políticas y jurídicas, así como por las dinámicas de poder que afectan a la transformación de los modos de control del conflicto social.
Como consecuencia de esta institucionalización, hay sectores que plantean la posibilidad de implantar mecanismos obligatorios para acudir a la mediación, en contradicción con los principios éticos de la mediación desde los orígenes del propio movimiento.
Esta tensión entre lógicas opuestas merece una amplia reflexión tanto de la parte de los jueces como de los mediadores para concebir la complementariedad de los diferentes modos de resolución de los conflictos.
Por otro lado, se ha detectado que en aquellos servicios y programas de mediación de carácter intrajudicial la relación entre las profesiones jurídicas está generando numerosos conflictos por, entre otros, las disparidad de intereses (juzgado, fiscalía, abogados y abogadas, personas mediadoras) y de motivaciones (idealistas versus pragmáticas).