Desigualdades complejas y formas de discriminación en sociedades plurales: un enfoque interseccional

La gestión de la diversidad se ha convertido en una cuestión prioritaria en las últimas décadas en las sociedades europeas que se autodefinen y perciben como abiertas y respetuosas hacia diversos valores, modos de vida, pertenencias o identidades múltiples, colectivos y minorías. Una sociedad con tales características y una gestión que posibilite esa diversidad requiere del desarrollo, entre otros, de un amplio ámbito de garantías jurídicas en torno a la autonomía personal y a la igualdad. En ese sentido, la lucha contra el crecimiento de la desigualdad en Europa es, o debería ser, una preocupación de primer orden no sólo a nivel institucional (Consejo Europeo 2014) sino también doctrinal, y ello tanto por los efectos económicos de la desigualdad como por su capacidad disruptiva de la cohesión social, e incluso de la democracia como sistema político. Máxime si, actualmente, al aumento de la desigualdad se suman problemas derivados de la igualdad material, la justicia social y de acceso a los sistemas de protección que se encuentran determinados por la existencia de múltiples interacciones: características o ciertas condiciones de los individuos y las estructuras o condicionantes sociales que determinan la situación de desventaja social, económica, jurídica, de estatus, de capacidades y recursos. La desigualdad, especialmente cuando se refiere a colectivos y grupos sociales se expande entre ámbitos diferentes (lo privado y lo laboral, lo económico y lo social, lo social y lo político, lo político y lo doméstico, etc.). Y, por tanto, se ve reforzada a través de la combinación de características (como el sexo, la raza, la religión, la clase, el estatus migrante, la discapacidad, etc.) y dinámicas contrastantes que producen tanto la desventaja como el privilegio.

La interacción compleja de sistemas de dominio y subordinación diversos que afectan a grupos e individuos (religión, raza, status inmigrante, clase, sexo, diversidad funcional, edad) y crean dinámicas de desigualdad, exclusión, marginalización y discriminación no pueden ser analizados desde perspectivas singularizadas (lo que en derecho antidiscriminatorio se llaman sistemas “a eje único”). Sin embargo, la cuestión de ese abordaje complejo dista de resultar clara tanto a nivel conceptual como práctico. Diversos instrumentos teóricos y enfoques se han desarrollado en las últimas décadas para dar cuenta de esta complejidad de las desigualdades. Como indica Mouffe (1999) cada sujeto es el resultado o el compendio de distintas posiciones de sujeto que ocupa en los diversos ámbitos y sistemas sociales, y la articulación dinámica de estos sistemas va generando situaciones de subordinación complejas y específicas que al no responder a un sistema cerrado de diferencias no pueden ser abordadas desde una única perspectiva (Mestre 2001, 2010).

Entre los distintos enfoques desarrollados, el de la interseccionalidad es quizá aquél que imprime un nivel de mayor complejidad en la identificación de las desigualdades que actúan sobre grupos específicos, en tanto permite comprender a través de las diferentes relaciones que se establecen entre las mismas, cuál es el espacio social que ocupan, cuáles son sus posibilidades de reacción y si los recursos de las administraciones potencian la igualdad o por el contrario perpetúan la desigualdad y con ella la persistencia de los sistemas de opresión, subordiscriminación o indefensión (Barrère 2008, , Expósito 2012, Morondo 2014).

A tal propósito, el workshop propone una (de)construcción interseccional de los fenómenos de desigualdad compleja que son más relevantes en las actuales sociedades multiculturales analizando:

1) El impacto de las fuentes normativas (de nivel europeo o estatal) en el tratamiento de formas complejas de la desigualdad; es decir, que hayan desarrollado el principio de igualdad o la prohibición de discriminación (o fenómenos afines como la exclusión social, la privación material, etc.)

2) El potencial “corrector” de las principales tendencias jurisprudenciales (en el nivel europeo o en las instancias superiores de la jurisdicción estatal) en materia de desigualdad compleja;

3) Las políticas públicas relevantes para entender la lucha contra los fenómenos complejos de desigualdad.